SE QUEJAN HABITANTES DEL CERRITO Y LINDAVISTA POR OBRAS DEL TREN

Por: Redacción 

@MiDelegacionQro 

 

Vecinos de las colonias Lindavista y El Cerrito denunciaron posibles afectaciones derivadas de la construcción del Tren México-Querétaro en la zona centro de la capital queretana, al asegurar que las dimensiones disponibles son insuficientes para albergar cuatro vías ferroviarias y que al menos 35 viviendas enfrentan riesgos por la cercanía de las obras.

Durante una rueda de prensa, habitantes afectados y representantes del Observatorio Ciudadano del Tren México-Querétaro-Irapuato señalaron que el proyecto ferroviario contempla la convivencia de dos vías de carga con dos nuevas vías de pasajeros, pese a que el espacio existente entre viviendas apenas alcanza los 23 metros de ancho, cuando —aseguraron— la normatividad establece alrededor de 49 metros para garantizar condiciones de seguridad.

Uno de los casos expuestos fue el de Ana Lilia Echevarría, propietaria de una vivienda ubicada sobre Avenida del Ferrocarril, quien aseguró que el proyecto dejaría únicamente 80 centímetros de distancia entre el paso del tren y su propiedad.

“Actualmente existen 23 metros de mi fachada a la fachada del vecino cruzando la vía. Sin embargo, según la normativa y lo autorizado deben de tener 49.15 metros totales para el desarrollo efectivo del proyecto. También desaparece la calle, pretenden poner un muro que queda tan sólo 80 centímetros de la estructura del tren”, declaró.

La vecina sostuvo que las autoridades no han reconocido formalmente las afectaciones, pese al avance de la obra, y acusó falta de información clara por parte de los tres órdenes de gobierno.

“Hoy en día con el avance tan alto del proyecto ningún orden de gobierno local ni federal han reconocido la afectación como lo es. ¿En qué situación jurídica está mi casa? ¿Dónde están mis 15 metros de línea de seguridad?”, expresó.

Por su parte, Irlanda Riverol, vocera del Observatorio Ciudadano del Tren México-Querétaro-Irapuato, afirmó que el proyecto aprobado en la Manifestación de Impacto Ambiental establece distancias mínimas entre vías y zonas urbanas que, dijo, no podrían cumplirse físicamente en el tramo del Centro Histórico.

“Lo que están haciendo en este proyecto y términos reales de lo que ocupa 49 metros como decía Ana hoy lo están reduciendo a 23 metros. Más de la mitad de terreno lo que están consumiendo y están metiendo como embutido dentro de este espacio para que quepan las vías”, señaló.

Explicó que las normas ferroviarias establecen cinco metros de separación entre vías y 9.15 metros entre pares de vías de pasajeros y carga, además de un derecho de vía de 15 metros hacia las zonas urbanas.

Riverol advirtió que reducir estas distancias incrementa riesgos por el movimiento natural de los trenes, el efecto de succión y posibles colisiones, especialmente al contemplarse convoyes de pasajeros con capacidad de hasta 600 personas.

“Eso reducir la distancia entre vagón y vagón impacta directamente en la seguridad del tren de todos los usuarios. Incrementa el riesgo de colisión porque se sigue considerando el transporte de carga. Son las vidas de los usuarios, de los operadores y de los vecinos adyacentes las que están en riesgo”, afirmó.

Los habitantes señalaron además que ya comenzaron a registrarse fisuras en algunas viviendas cercanas a las obras y denunciaron que no existe hasta el momento un estudio técnico oficial sobre daños estructurales.

“Ya se empiezan a notar fisuras en todas las propiedades. No tenemos ningún estudio, ningún reconocimiento ni ningún comentario de si hay alguna situación de riesgo para las propiedades”, dijo Ana Lilia Echevarría.

Asimismo, Alma Rosa Servil, vecina de Lindavista, acusó que el proyecto representa “un ataque” a las viviendas y una violación a los derechos de los habitantes del Centro Histórico.

“Las cuatro vías aquí no caben. Los vecinos, los turistas y la población estamos en un enorme peligro”, sostuvo.

Los vecinos indicaron que buscarán continuar con recursos legales y solicitudes formales ante autoridades federales, estatales y municipales para exigir información sobre el proyecto ejecutivo y revisar posibles afectaciones patrimoniales y urbanas en la zona.