QUERÉTARO

Por: Redacción 

@MiDelegacionQro 

Integrantes de colectivas feministas pertenecientes a ‘Feminismo para Todas MX’, exigieron al Poder Judicial del Estado de Querétaro implementar protocolos de seguridad y separación durante las audiencias relacionadas con delitos sexuales, luego de denunciar que acompañantes de una menor fueron agredidas por familiares y personas cercanas a un imputado por violación equiparada.

Las activistas plantearon que las medidas deben impedir el contacto entre víctimas, redes de apoyo y personas vinculadas con los acusados dentro y fuera de los juzgados.

Diana Retende Chávez señaló que los hechos ocurrieron al concluir una audiencia el pasado 29 de julio, cuando alrededor de ocho personas presuntamente comenzaron a agredir a quienes acompañaban a la víctima. De acuerdo con su testimonio, ella sufrió lesiones en el rostro y posteriormente se abrió una carpeta de investigación por violencia de género, mientras que durante una nueva audiencia, celebrada el 3 de agosto, continuaron las agresiones verbales y psicológicas.

“Nos parece fundamental que exista un protocolo que permita que las víctimas y quienes las acompañamos podamos estar seguras durante todo el proceso judicial, porque no puede ser que acudamos a buscar justicia y terminemos siendo agredidas”, expusieron durante la rueda de prensa.

Con cifras atribuidas al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicaron que durante 2025 se abrieron 382 carpetas por abuso sexual, 486 por acoso sexual, 20 por hostigamiento, 229 por violación simple y 134 por violación equiparada, para un total de mil 251 investigaciones por estos cinco delitos.

Ante este panorama, las activistas solicitaron establecer mecanismos que contemplen espacios separados, vigilancia y medidas para evitar confrontaciones al ingreso y salida de las audiencias, con el objetivo de que víctimas y acompañantes puedan participar en los procesos judiciales sin exponerse a nuevas agresiones. También demandaron seguimiento a la investigación iniciada por los hechos denunciados y garantías de seguridad durante las siguientes etapas del proceso.