PRESENTA JIMÉNEZ REFORMA DE DISCIPLINA FINANCIERA DE ESTADOS
Por: Redacción
@MiDelegacionQro
Con la finalidad de que estados y
municipios cuenten con las provisiones para el pago de prestaciones con motivo
de la terminación laboral de servidores públicos, el Senador Juan José Jiménez
presentó una iniciativa para que se reforme el artículo 10 de la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.
El Senador por Querétaro explicó
que el objetivo de esta iniciativa de ley es que los presupuestos de egresos de
los estados y municipios de cada año, contengan prevenciones para el pago de
las terminaciones laborales, “con esta reforma quedaría prohibido que las
administraciones salientes dejen pasivos por terminaciones laborales a las
administraciones entrantes, reduciendo juicios en materia laboral que al momento
de su resolución implican una mayor carga presupuestaria para los estados y
municipios entrantes, por los llamados, salarios caídos” señaló el legislador.
Juan José Jiménez comentó que,
con la aprobación de esta reforma, las cantidades que deben ser cubiertas por
concepto de liquidación en caso de despido injustificado, se encontrarían
contempladas en los presupuestos de egresos de estados y municipios, con base
en las leyes laborales; de suerte tal que, al momento de un despido, las
autoridades pueden hacer el cálculo correspondiente a fin de liquidar a los
trabajadores conforme a la Ley y sobre todo respetando sus derechos.
Jiménez Yáñez dijo que el
gobierno federal es un referente en este tema ya que, “como parte de una
política de austeridad que promueve el Presidente de la República, Lic. Andrés
Manuel López Obrador, ha quedado establecido en los presupuestos de egresos de
la federación, para 2019 y 2020 una partida para cumplir con las liquidaciones
por despidos, con ello no se dañan las finanzas públicas y se cumple con los
derechos laborales de los trabajadores” externó.
Finalmente lamentó que en
Querétaro en 2015, se tramitaron más de 600 demandas por despidos
injustificados al inicio de la administración de Francisco Domínguez, lo que
implicó una sobresaturación de los asuntos tramitados ante el Tribunal de
Conciliación y Arbitraje en el Estado, generando con ello un gasto no
presupuestado para la autoridad estatal y sobre todo un desgaste a las y los
servidores públicos que no tienen por qué estar esperando largos periodos de
tiempo para que se les cumpla con lo que la ley dicta.