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Por: Redacción 

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El catedrático de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Rafael Plancarte Escobar, sostuvo que la transición democrática en México ubicada en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox, no resolvió los problemas estructurales relacionados con el crimen organizado y, por el contrario, contribuyó a agravar la violencia generada por las organizaciones criminales en el país.

Lo anterior fue planteado en el artículo “Narrativa analítica de la interacción entre organizaciones criminales y gobiernos en México desde el periodo del sistema de partido hegemónico”, publicado por la Universidad de Buenos Aires en la Revista Argentina de Ciencia Política.

En el texto, el académico analiza cómo evolucionó la relación entre el Gobierno Federal y las organizaciones criminales desde la época del sistema de partido hegemónico encabezado por el PRI, hasta la llamada “guerra contra el narcotráfico” iniciada en 2006 por el expresidente Felipe Calderón.

“El análisis de la democratización no puede reducirse sólo a variables políticas, sino que debe incorporar fenómenos como la violencia desencadenada por grupos criminales, lo que resalta la debilidad del Estado de derecho como una dimensión de una democracia de calidad que debe ser atendida”, señala el autor.

Plancarte Escobar expone que durante el sistema político hegemónico existía una relación de subordinación entre las organizaciones criminales y el Gobierno Federal, basada en acuerdos informales, corrupción y control territorial, donde los grupos del narcotráfico operaban bajo reglas impuestas por el propio Estado.

El investigador refiere que durante décadas el gobierno federal garantizó protección institucional a cambio de pagos y control sobre las actividades criminales, situación que permitió mantener relativa estabilidad y reducir confrontaciones abiertas entre los grupos criminales.

“Las organizaciones criminales prefirieron aceptar las condiciones impuestas: pago de impuestos a cambio de protección institucional. Sin embargo, esa misma protección fue clave para su consolidación y fortalecimiento”, expone el artículo.

El texto identifica el arresto de Miguel Ángel Félix Gallardo en 1989 como un punto de quiebre que provocó la fragmentación del Cártel de Guadalajara y el surgimiento de nuevas organizaciones criminales con mayor autonomía y capacidad de confrontación.

A partir de ese momento, explica el académico, comenzaron a deteriorarse los acuerdos entre gobierno y narcotráfico, mientras aumentaron las disputas territoriales, la corrupción fragmentada y la violencia entre grupos criminales.

“El Estado sencillamente no pudo imponer su autoridad y el sistema regulador se desplomó ante el cada vez más violento poderío de los cárteles”, sostiene el documento.

El análisis también plantea que la llegada de la transición democrática en el año 2000 provocó un escenario más complejo, debido a que el debilitamiento del control centralizado dificultó mantener los acuerdos que habían prevalecido durante décadas entre las autoridades y las organizaciones criminales.

Plancarte Escobar argumenta que el inicio de la “guerra contra el narcotráfico” durante el sexenio de Felipe Calderón transformó radicalmente la interacción entre gobierno y crimen organizado, pues las organizaciones criminales respondieron con mayores niveles de violencia y diversificaron sus actividades ilícitas hacia delitos como extorsión, secuestro, robo de combustible y cobro de piso.

En el artículo también se retoma el caso del “Culiacanazo” de 2019 como ejemplo de la capacidad que han adquirido algunos grupos criminales para presionar e influir en las decisiones gubernamentales.

“El aumento de la violencia es un reflejo de la capacidad de algunas organizaciones para retar abiertamente al gobierno y sostener confrontaciones prolongadas entre ellas”, concluye el académico de la UAQ.

El autor utiliza modelos de teoría de juegos para explicar cómo cambiaron las estrategias tanto del Gobierno Federal como de las organizaciones criminales a lo largo de las últimas décadas, pasando de una lógica de subordinación y acuerdos a otra basada en confrontación, autonomía criminal y violencia abierta.