POLITICA

Por: Redacción

@MiDelegacionQro

El PRI en Querétaro, se sumó a la serie de denuncias que se interpusieron en varios estados del país en contra de la gobernadora de Campeche, Leyda Sansores por violencia de género ante la Defensoría Estatal de los Derechos Humanos.

Al respecto la Dirigente del PRI, Abigail Arredondo Ramos, aseguró que los comentarios de la mandataria campechana en los que acusa al líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, de tener fotos íntimas de las diputadas federales en su celular, causó un daño en las legisladoras. 

“En días pasados hubo y escuchamos unas lamentables declaraciones por parte de una gobernadora emanada de Morena, de Campeche, quien violentó de manera directa a las mujeres legisladoras de nuestro partido y la verdad es que nosotros como mujeres que participamos en política de cualquier color al saber que una gobernadora toma protesta nos da mucha alegría saber que hay mujeres tomando decisiones”.

Señaló que el contexto donde el país atraviesa una situación de violencia y polarización las declaraciones de Layda Sansores son lamentables.

Dijo que en base a la declaración de la gobernadora detectaron delitos como; violencia política en razón de género al publicar o divulgar mensajes, imágenes o información de la vida privada de una mujer, la violación a la identidad sexual agravado, el delito consiste en compartir imágenes intimas de contexto sexual, violencia mediática y digital y se prevé también la existencia del delito de amenazas.

“Si bien es cierto que no se han divulgado las imágenes, la sola descripción de su existencia y posesión, así como la referencia a las diputadas es suficiente para constituir los delitos por lo que a fin de poder garantizar la seguridad de las diputadas agravadas se solicita la emisión de las medidas de protección”.

Indicó que a nivel federal se denunció a través de las diputadas y en las dirigencias estatales del PRI se ha hecho eco, por lo que se exige la eliminación de video que se difundió el mensaje en los sitios oficiales de la gobernadora, se pide también impedir la continuidad de manifestaciones y la prohibición de acercarse a la víctima y de conductas de intimidación y las que sean necesarias para salvaguardar la identidad de las afectadas.