QUERÉTARO

La Defensoría Estatal de Derechos Humanos (DDHQ) emitió un llamado a las autoridades estatales para la despenalizacion del aborto en Querétaro. 

A través de un comunicado con motivo del 28 de septiembre, fecha elegida por los colectivos feministas en Latinoamérica para la lucha por un aborto seguro, el titular de la DDHQ, Javier Rascado Pérez aseguró que en Querétaro la legislación no está acorde con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que los congresos locales realicen las modificaciones necesarias para despenalizar el aborto. 

"Es por ello que esta Defensoría hace un llamado, en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía de los poderes del Estado, para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización del aborto en su concepción absoluta, se adopten los preceptos constitucionales y convencionales ya definidos, y a partir de ello se contruya el andamiaje institucional necesario para la generación de políticas públicas orientadas a garantizar la libertad reproductiva de todas las mujeres", dice el comunicado. 

La Defensoría respaldó el uso legítimo de las marchas que se realizarán este 28 de septiembre por parte de colectivos de mujeres y recordó que en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad, en su acción de inconstitucionalidad 158/2017 publicada en septiembre de 2021, que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta, y se pronunció por primera vez a favor de garantizar el derecho de las mujeres sin enfrentar consecuencias penales.

 

"La SCJN entendió que el producto de la gestación merece una protección que incrementa en el tiempo, a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres a la libertad reproductiva, por lo que criminalizar de manera absoluta la interrupción del embarazo es inconstitucional.

"La libertad reproductiva, en su vertiente específica del derecho a decidir, implica que no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo ya que pertenecen a la esfera de intimidad de la mujer y pueden ser de la más diversa índole, lo que comprende razones médicas, tanto físicas como psicológicas; económicas, familiares, sociales, entre otras", comenta. 

Añade que esta resolución coincide plenamente con la convencionalidad definida en los distintos organismos internacionales de Derechos Humanos. Por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a México eliminar las sanciones penales a mujeres y niñas que se someten a un aborto y a proveedores de servicios médicos que las asistan en ello, dado que tales sanciones obligan a las mujeres y niñas a recurrir al aborto en condiciones poco seguras.